Resumen

La concentración de la población urbana en Argentina es un fenómeno que ha cobrado una relevancia creciente en las últimas décadas. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el 91% de la población argentina vive actualmente en áreas urbanas, un porcentaje que ha ido en aumento desde los años 90. Este proceso de urbanización ha tenido un impacto profundo en la dinámica social, económica y política del país, obligando a los gobernantes locales a enfrentar nuevos desafíos y a la población a exigir una mejor respuesta ante los problemas estructurales que esta situación ha generado.

En los últimos 20 años, la migración interna ha sido un motor clave en el crecimiento de las principales ciudades argentinas. Provincias como Buenos Aires, Córdoba, y Santa Fe han visto un incremento constante en su población urbana debido a la migración de habitantes provenientes de regiones menos desarrolladas o rurales. Según datos del Censo 2010 y proyecciones actualizadas, más del 60% de la migración interna se ha dirigido hacia el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), generando una concentración de aproximadamente 15 millones de personas en esta zona. Este fenómeno ha exacerbado problemas preexistentes, como el acceso a la vivienda, la infraestructura de servicios y el transporte, además de generar nuevos desafíos en términos de seguridad, salud y empleo.

El impacto en la seguridad ha sido uno de los más evidentes. La concentración de población en grandes centros urbanos ha incrementado las tasas de delitos en ciertas áreas, donde la pobreza y la desigualdad social se ven agravadas por la falta de oportunidades laborales formales. Un informe del Ministerio de Seguridad de 2022 muestra que el 70% de los delitos violentos del país se concentran en grandes urbes como el AMBA, Rosario y Córdoba. La informalidad laboral, que en 2023 alcanzó el 40% de la economía, se ha convertido en un caldo de cultivo para la delincuencia, ya que miles de personas, principalmente jóvenes, quedan excluidos del mercado formal de trabajo y recurren a alternativas ilegales para subsistir.

El sistema de salud es otro sector que ha sufrido las consecuencias de la migración interna y la concentración poblacional. El aumento exponencial de habitantes en los grandes centros urbanos ha sobrecargado los hospitales y centros de salud, especialmente en áreas periféricas y marginales donde las condiciones de vida son más precarias. Según el Ministerio de Salud, el AMBA concentra casi el 50% de las consultas hospitalarias del país, muchas de las cuales no son de emergencias, sino producto de la falta de atención primaria en zonas rurales o semiurbanas. Esta situación, sumada a la insuficiencia de profesionales de la salud y la falta de recursos en la atención pública, ha dejado al sistema al borde del colapso en varias ocasiones, como quedó evidenciado durante la pandemia de COVID-19.

En términos económicos, la concentración urbana ha alimentado tanto el crecimiento de la economía formal como el aumento de la economía informal. Las grandes ciudades se han convertido en polos de empleo, educación y desarrollo tecnológico, pero al mismo tiempo, la informalidad ha crecido de manera alarmante. Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), más del 40% de los trabajadores en el AMBA están empleados de manera informal, sin acceso a seguridad social ni estabilidad laboral. Este problema no solo afecta a las condiciones de vida de los trabajadores, sino que también limita la recaudación fiscal, ya que una porción significativa de la economía queda fuera del control estatal.

Ante esta realidad, es urgente que los gobernantes locales y nacionales adapten las políticas públicas y la legislación nacional y local para enfrentar los desafíos que plantea la inevitable concentración urbana.

En Argentina es un reto complejo que exige soluciones multidimensionales y un esfuerzo conjunto entre los distintos niveles de gobierno. La legislación vigente debe adaptarse a las nuevas realidades sociales y económicas del país, para asegurar una mejor calidad de vida a los ciudadanos y promover un desarrollo más justo y equilibrado. No debemos ignorar esta realidad pretendiendo que, de esta forma, se evitarán los problemas, ignorarla los agravará. Es nuestro deber generacional asumir el desafío de encontrar las soluciones.  En eso, algunos, estamos.

Jorge Giorno fue presidente de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), diputado de la Ciudad de Buenos Aires en dos oportunidades y actualmente es presidente del Partido de las Ciudades en Acción y Director General de Asuntos Federales del Gobierno de la Ciudad.